La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia la restricción de las libertades en Venezuela
El organismo de la OEA critica la utilización del poder punitivo del Estado para intimidar, sancionar o encarcelar a los opositores
MAITE RICO - Madrid - 24/02/2010
Ausencia de separación e independencia de los poderes públicos. Restricciones al ejercicio de los derechos políticos y ciudadanos. Utilización del poder punitivo del Estado para intimidar, sancionar o encarcelar a los opositores. Represión contra periodistas y medios de comunicación. Creación de grupos paramilitares. Impunidad...
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dado la voz de alarma sobre la situación en Venezuela con un amplio informe que da cuenta de los abusos del Gobierno de Hugo Chávez. El trabajo, presentado hoy en Washington, describe todo un catálogo de arbitrariedades que sientan las bases para la construcción de un Estado totalitario.
La comisión, encargada de velar por los derechos humanos en los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), explica que las autoridades venezolanas prohibieron la visita de sus expertos, aunque aceptaron enviar información y responder a un cuestionario. El informe, de más de 300 páginas, se titula Democracia y Derechos Humanos en Venezuela y deja de manifiesto cómo el Gobierno chavista va desmantelando, desde dentro, el régimen democrático, alterando el equilibrio de poderes y limitando los derechos de los ciudadanos.
Las trabas para el juego político limpio se materializan en "mecanismos para restringir el acceso al poder" de la oposición, como la inhabilitación, en las municipales de 2008, de 260 candidatos sin que existiera "un procedimiento previo y violando los estándares de la Convención Americana". O bien en las modificaciones legales para "limitar las competencias de autoridades electas por voto popular" e impedir que ejerzan su mandato, como ha ocurrido con el alcalde de Caracas, el opositor Antonio Ledezma, que se ha visto despojado de sus funciones y de la propia sede municipal.
Sin independencia ni autonomía
Otro de los pilares del edificio democrático, la separación de poderes, también se tambalea. A juicio de la CIDH, "la falta de independencia y autonomía del poder judicial frente al poder político constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana". ¿"DEMOCRACIA"? LA CIDH SE CONTRADICE INEXPLICABLEMENTE. HABRÍA QUE PREGUNTARLE QUÉ ENTIENDE ELLA POR DEMOCRACIA. La laxitud de la ley, la inexistencia de concursos públicos de acceso a cargos de jueces y fiscales, que son nombrados discrecionalmente; la provisionalidad en sus funciones (solo la mitad de los 1.896 jueces son titulares) o la arbitrariedad en los procesos de destitución tienen maniatados a los funcionarios judiciales.
Junto a ello, se agudizan las restricciones de las libertades civiles. Los investigadores resaltan la "preocupante tendencia a castigar, intimidad y agredir" a quienes expresan su disenso con las políticas oficiales, sean opositores o ciudadanos de a pie.
La batería de medidas para acallar las voces críticas incluye el castigo legal, la intimidación y la violencia física. Derechos como el de manifestación o de reunión están cada vez más restringidos. En los últimos cinco años, más de 2.200 personas han sido sometidas a procesos penales por participar en marchas, con cargos que van desde el "ultraje a funcionario público" hasta la "obstrucción activa de las funciones de las instituciones legalmente constituidas". Unido a ello está el "uso excesivo de la fuerza estatal" y las acciones de los grupos de choque contra los manifestantes, que dejaron seis muertos en los ocho primeros meses de 2009.
Intimidación
La intimidación se ceba especialmente con los medios de comunicación. Las agresiones verbales y físicas contra periodistas (que han llegado al asesinato en dos casos), la apertura sistemática de procesos administrativos contra medios críticos al Gobierno, el cierre masivo de emisoras, la censura previa o el abuso de la llamada "cadena nacional" (la retransmisión obligatoria de los discursos del presidente Chávez) constituyen "un escenario GALICISMO restrictivo" que atenta contra la libertad de expresión. La CIDH es contundente: "El marco legal vigente sobre libertad de expresión" (que incluye figuras como el "desacato" y el "vilipendio", y aplica penas durísimas) es incompatible con la Convención Americana. Tanto el Código Penal como el Código de Justicia, señala el informe, "contienen normas que constituyen un medio para silenciar ideas y opiniones".
Todo este entramado represivo contra las libertades civiles ha dejado intacta, sin embargo, la criminalidad galopante: el Gobierno oculta las cifras, pero la CIDH señala que, en 2008, se registraron 13.780 homicidios -un promedio de 1.148 al mes- y 300 secuestros. El informe expresa su preocupación por la impunidad existente y por el uso de las Fuerzas Armadas en el mantenimiento del orden interno. El crimen no se combate, pero en cambio aumentan las violaciones a los derechos humanos. En 2008, la propia Defensoría del Pueblo de Venezuela recibió 134 denuncias de ejecuciones extrajudiciales, 2.197 denuncias de abusos por parte de funcionarios, 87 por torturas y 33 casos de desapariciones forzadas.
Paramilitares
La CIDH llama también la atención sobre la proliferación de grupos paramilitares. Los estatutos de la Milicia Nacional Bolivariana, creada por el Estado para "garantizar la independencia y la soberanía" del país (a imitación del modelo cubano) son de una vaguedad inquietante. Y los grupos de choque, como Movimiento Tupamaro, VAYA NOMBRE! ESPEREMOS QUE EL PEPE NO SE IDENTIFIQUE CON ÉL Colectivo La Piedrita, Colectivo Alexis Vive o Unidad Popular Venezolana, están tomando el control de las zonas urbanas populares, con la connivencia de las fuerzas de seguridad.
El CIDH aprecia "logros importantes en materia de derechos económicos, sociales y culturales", ¿CULTURALES? ¿CUÁLES? pero recuerda que eso "no puede justificar que se sacrifique la vigencia de otros derechos fundamentales".
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