EDITORIAL
Salir del estupor
La rebaja de la calidad crediticia obliga al Gobierno a concretar sus medidas de ajuste
29/04/2010
Paso a paso, los mercados financieros (es decir, los inversores europeos y mundiales) están castigando la política económica española por la falta de claridad en aplicar las medidas anunciadas para corregir el voluminoso déficit público generado durante la crisis. En un clima de inquietud general, causado por el crash de Grecia y el deterioro galopante de la solvencia de Portugal, la agencia de rating Standard & Poor's rebajó la calificación de la deuda española desde AA+ a AA y deja abierta la posibilidad de nuevas degradaciones. La decisión acentuó la convulsión de la Bolsa española, que ayer perdió el 2,99%, mucho más profunda que Londres, París o Francfort.
Aunque se puede argumentar que el rigor de las agencias de calificación merece ser cuestionado, sobre todo por su incapacidad para calibrar el alcance de la crisis financiera (S&P tenía muy bien calificado a Lehman Brothers cuando quebró), y que otras agencias mantienen su confianza en las cuentas españolas, lo sustancial es que la decisión refleja las dudas de muchas instituciones financieras o políticas ante los problemas del Gobierno para aplicar un plan de ajuste de sus gastos públicos, un programa de rescate de las entidades financieras y una reforma del mercado de trabajo.
La solvencia financiera de España se aproxima a territorios peligrosos no sólo por el contagio de Grecia o por la presión de los especuladores, sino por la incapacidad del Ejecutivo para concretar el plan económico que diseñó, correcto en sus líneas generales, pero que está perdido en el limbo de negociaciones diferidas, pactos nebulosos y descoordinación entre ministerios. España ha dilapidado un tiempo precioso, el que concedieron los inversores cuando el Gobierno explicó las líneas generales de su plan de ajuste en Londres.
La degradación crediticia tendrá consecuencias. Encarecerá el coste de la deuda y dificultará la financiación de las entidades bancarias. No hay que descartar que la pérdida de calidad precipite la crisis de alguna caja o banco. Y deteriorará la imagen de los grandes bancos (menos afectados inicialmente por la crisis financiera) y las empresas españolas.
Resulta imperativo que el Gobierno salga de su estupor, porque cada minuto que pasa sin decisiones efectivas encarece el coste de restaurar la confianza en la solvencia española. Después de la pérdida de calidad crediticia, ya no bastará con una moderación salarial en el sector público para convencer a los mercados de que España puede reducir el déficit al 3% en 2013; será necesario aplicar un plan de congelación de los sueldos públicos y una poda administrativa. Tampoco será suficiente con el tibio enjuague de fusiones consentidas entre cajas de ahorros de la misma autonomía; habrá que ir a recapitalizaciones forzosas e intervenciones de la autoridad bancaria. El Gobierno tendrá que presentar además ajustes de los costes sociales. La resistencia a tomar decisiones por miedo a las reacciones políticas o sociales siempre se paga.
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